Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales acreditados entregan sus observaciones a nuevo sistema de acceso a educación superior

Las instituciones que forman parte de Vertebral, entidad gremial que agrupa a 22 institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados –como San Agustín, Inacap, AIEP y Santo Tomás, entre otros– entregaron al Ministerio de Educación un documento que recoge sus propuestas sobre el nuevo sistema de acceso a las instituciones de educación superior, que comenzará a regir en dos años más de acuerdo a lo establecido en la nueva Ley de Educación Superior, promulgada en mayo de 2018.

Dicho cuerpo legal establece que, a partir del proceso de admisión 2021, operará un nuevo sistema de acceso, que contará con un mecanismo para las universidades y otro para los planteles técnico profesionales. Este último deberá incluir obligatoriamente a todos los institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) que estén adscritos a la gratuidad, pudiendo sumarse, voluntariamente, todas aquellas instituciones que no sean parte de esa política.

Todo lo relacionado con la mecánica y operativa de este nuevo sistema, que será administrado por la Subsecretaría de Educación Superior, será definido por una comisión conformada por el subsecretario, además de seis rectores –tres de los CTF estatales y tres de IP y CFT privados– que serán elegidos esta semana.

En el documento entregado por Vertebral (la agrupación aglutina el 75% de la matrícula de estudiantes de los planteles acreditados del sector), existe consenso respecto de que dicho sistema de acceso, en lo relativo a las instituciones de educación superior técnico profesional, será muy distinto al sistema de admisión a las universidades, de modo que reconozca las particularidades propias de los estudiantes que se matriculan, así como la diversidad de los planteles del subsector.

El Rector del CFT San Agustín, Sergio Morales, recordó que, de acuerdo a la ley, este sistema deberá considerar procesos e instrumentos de acceso de aplicación general para instituciones de educación superior adscritas y deberá estar regido por los principios de no discriminación arbitraria, transparencia, objetividad, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades e inclusión social.

En concordancia con lo anterior, Morales destacó que en el informe al Mineduc se descarta de plano promover un sistema tipo PSU para seleccionar a los estudiantes, pues sostienen que, a diferencia de la educación universitaria, todos tienen derecho a recibir formación técnica, la que es por naturaleza inclusiva. “Al pensar en los miles de jóvenes que buscan acceder a la educación superior, al analizar sus características socioeconómicas y académicas, el subsector técnico profesional no puede transformarse en selectivo”, advirtió

Asimismo, agrega que, en el caso de los IP y CFT, el sistema debiera reunir en una sola plataforma la información de las distintas instituciones técnicas, mostrando en forma clara, transparente y oportuna la oferta de carreras, las fechas de los distintos procesos y los requisitos para matricularse, entre otros datos, que permita a los estudiantes tomar mejores decisiones.

Con el ánimo de prestar la máxima colaboración para que esta iniciativa pueda concretarse de la mejor forma, el rector del CFT San Agustín detalló que, en la misma propuesta, la asociación gremial  ofrece al Ministerio participar de un piloto, un año antes que deba iniciarse el sistema de acceso,  en el que tomarían parte todos sus miembros, quienes están dispuestos a compartir información estratégica, incluso más allá de aquella que es pública, para los efectos de implementar una plataforma de acceso a las diferentes instituciones que conforman el Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica de Chile. “Queremos ser protagonistas de una experiencia que permita, en el contexto del piloto, identificar los aspectos más positivos del Sistema de Acceso, así como aquellos principales nudos críticos que puedan surgir en el contexto de la implementación, de modo tal que permita su perfeccionamiento para procesos siguientes, lo que es ampliamente recomendable en el ámbito de la política pública de largo plazo y múltiples incidencias”, puntualizó Morales.

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